Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad: 11 años de una conquista

Hace once años se reunían en el Congreso de la Nación organizaciones de la diversidad, con la consigna “los mismos derechos con los mismos nombres”, para demandar al Estado que les reconozca como iguales ante la Ley. 

El 15 de julio de 2010, tras quince horas de debate, Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, a través de la Ley Nº 26.618 de Matrimonio Igualitario. Un hecho que tuvo lugar por la convergencia, entre la lucha colectiva de diferentes organizaciones de Derechos Humanos y reivindicativas de la diversidad, y una decisión política a la altura del momento histórico.

El Código Civil fue modificado, estableciendo que en Argentina, “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Casi 3 mil parejas contrajeron matrimonio tras el primer año de existencia de la ley. Se sumaron a aquel camino Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, y algunos distritos de México, promulgando en años siguientes sus propias normativas, con el precedente de nuestra ley.

Dos años después recibimos la sanción de la Ley de Identidad de Género 26.743, con la cual el Estado reconoció la identidad autopercibida de las personas travestis, transexuales y transgénero, y, como consecuencia y condición para lo primero, la necesidad de una transformación institucional de múltiples dimensiones; una que garantizara el acceso a la educación, la Justicia, la salud y el trabajo decente, entre otras cosas.

Estos hitos fueron pilares para la construcción de una Educación Sexual Integral en las escuelas que fuera contemplativa de la diversidad y el respeto; para la creación de herramientas como la Ley Micaela, o de organismos y dependencias especializados en el abordaje de problemáticas sociales vinculadas con las violencias por razones de género; o para la sanción del Cupo Laboral que institucionaliza el compromiso de generar trabajo decente para la población travesti y trans. Entre otros tantos procesos y conquistas colectivas.

Sabemos que, como dice Rita Segato, la transformación social “no puede modificarse por decreto, con un golpe de tinta, suscribiendo el contrato de la ley”, que es un trabajo lento de la conciencia, “por una reforma de los afectos y las sensibilidades, por una ética feminista para toda la sociedad”. Aún así, con lo que falta, podemos festejar estos 11 años de una ley, que no es una conquista absoluta ni una transformación definitiva, pero que sin duda es un motivo para seguir haciendo.